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Boletín de prensa 14 de febrero de 2011
EL TIEMPO
DAMNIFICADOS POR INVIERNO INTERPUSIERON MILLONARIA DEMANDA AL ESTADO
En Santa Lucía esperan que terminen la limpieza de las calles para retornar.
Los afectados del Atlántico piden 3.000 millones de pesos por daños causados por canal del dique.
El inverno pasado le podría salir mucho más caro de los prespuestado al Estado, pues un grupo de abogados barranquilleros instauraron una demanda por 3.000 millones de pesos, por los daños causados a los habitantes del sur del Atlántico, que resultaron damnificados en diciembre por la ruptura del Canal del Dique.
Esta cifra es el doble de la donada (1.500 millones), a través de celulares, por los colombianos a la cuenta de Colombia Humanitaria, para las víctimas del invierno.
Se trata de una de acción de grupo presentada por el pool de abogados de Fernando Prada Ortega, Fernando Borda Castilla y Roberto Tapia Ahumada, quienes aseguran representar a unos 1.700 damnificados y que reclaman ser indemnizados por la Nación, a través de diferentes entidades, como el Ministerio del Transporte, el Invías y la Gobernación del Atlántico.
A estas entidades o sus representantes legales se les responsabiliza de no haber tomado las medidas preventivas para evitar la tragedia, que se desató el 30 de noviembre cuando por un boquete del canal se desbordó el río Magdalena en el sur del departamento. Y, por los mismo hechos, los abogados también presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía, en Bogotá.
"Tenían la obligación de velar porque el Dique se conservara en perfecto estado, que no hubiera ocurrido la desgracia que ocurrió que el propio presidente Santos, cuando hizo una reunión allá en el Salón de Crisis en Bogotá, dijo que eso nunca debió ocurrir, que eso pudo evitarse", subrayó Prada.
En la demanda indican que el Ideam fue insistente en advertir que este iba a ser el invierno más fuerte, largo y crudo, lo que obligaba a los funcionarios a tomar medidas.
Por su parte, la Gobernación del Atlántico, a través de los asesores jurídicos, dijo que no ha sido notificada de la demanda y por consiguiente no se puede pronunciar.
El proceso se encuentra en estos momentos siendo analizado por el Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla y, según los demandantes, está sustentado en 3.000 folios con pruebas documentales, testimoniales y periciales, que según ellos el juez deberá admitir o deegar esta semana.
"Tenemos todas las evidencias", asegura el penalista Prada, al señalar que cuentan con copias de cartas que se enviaron a las autoridades en donde la comunidad les notificaba lo que podía ocurrir.
Sobre el monto de la demanda, los abogados explicaron que fue estimado con base en lista de todas las personas perjudicadas: dueños de fincas que perdieron el ganado, agricultores que perdieron la siembra, y personas normales que perdieron sus casas y negocios.
Explicaron que una vez, bien sea que se concilie o que el Estado sea condenado al pago, se debe constituir un fondo el cual será manejado por la Defensoría del Pueblo que hará un inventario de todas estas personas que les han dado los poderes y con ese inventario se les pagará.
"Nosotros no vamos a recibir ni a manejar un solo peso de eso", aseguró Prada.
'Lo que necesitamos son ayudas'
Algunos damnificados y gremios no ven con buenos ojos la demanda. "Esas demandas demoran mucho y nosotros lo que necesitamos es que las ayudas lleguen pronto", dijo Cesario Marenco, de Manatí.
Eduardo Majul, presidente de Agrosur, que agrupa a ganaderos y agricultores, sostiene que no es el momento para entrar a demandar al Estado, pues asegura que lo que lo están haciendo "no pueden tener moral después para pedir ayudas".
Pero los abogados insisten en que fueron los mismos damnificados los que los buscaron en sus oficinas porque no habían recibido nada del Gobierno.
"Si el Gobierno no nos paga a las buena, será a las malas", dice Juan Fragoso, un damnificado de Campo de la Cruz, quien asegura que en dos meses solo ha recibido dos mercados y que el Icetex le negó un crédito para su hijo, que va la universidad en calidad de asistente mientras consigue la plata.
800 mil millones de pesos costaría recuperación
Este es el costo que estimó el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, al Gobierno Nacional, para la recuperación de los municipios inundados en el sur del departamento.
EL ESPECTADOR
PROCESOS CONTRA LA NACIÓN ASCIENDEN A $1.003 BILLONES
Diseñarán una estrategia de recolección de información para conocer el estado actual de las demandas.
En la actualidad no es posible determinar con certeza ni la cuantía ni el número de procesos en contra de la Nación, admite un informe del Gobierno.
Dice el estudio revelado que no se ha podido “establecer las causas de mayor litigiosidad o los mejores ámbitos para estructurar estrategias de conciliación uniformes”.
Para conocer la realidad jurídica de los procesos en contra de la Nación, el Gobierno considera que se debe “diseñar una estrategia eficiente de recolección de información”, de manera que permita saber el estado actual de las demandas y actos judiciales que se siguen adversos para la Nación.
El Plan Nacional de Desarrollo presentado recientemente a consideración del Congreso, admite que Gestión jurídica pública de Hacienda y Crédito Público, considera que actualmente cursan en contra de la Nación proceso con pretensiones por 1.003 billones de pesos y cuya contingencia se estima en 431,3 billones de pesos.
Dice el informe que “la estrategia de gestión jurídica debe considerar un plan de acción para los procesos en curso y una política para la prevención del daño antijurídico”.
Para conseguir este propósito “se propone el levantamiento de mapas de riesgo que identifiquen posibles debilidades en la defensa, ámbitos de conciliación necesaria, tipo de procesos y entidades en las que se concentran las mayores cuantías”.
La propuesta se encamina a identificar “puntos críticos en la gestión de los documentos que pueden llegar a ser tenidos como pruebas en el proceso o las copias de los expedientes que tienen en su poder las diferentes entidades”.
“Es necesaria una política de Estado que vincule a la Rama Judicial para generar políticas de prevención conjuntas y para evitar los incentivos perversos que generan decisiones aisladas”, precisa el informe contenido en el Plan Nacional de Desarrollo.
Se propone trabajar en la identificación de aspectos concretos para determinar las fallas que dan lugar a la acción litigiosa, para ser solucionadas a través de la capacitación, pero no se descarta “que sea necesario realizar modificaciones normativas”.
Dice el informe que la estrategia iniciaría con acciones de corto plazo enfocada en la recolección de información, la elaboración de mapas de riesgo, la gestión de casos activos privilegiando la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Las acciones de “se encaminarían a la redefinición de la institucionalidad en la materia, la reingeniería del ciclo de gestión y la consolidación de un sistema de información”.
Concluye el informe que el modelo institucional que se logre establecer “deberá trabajar en la prevención del daño antijurídico y en garantizar la generación de verdaderos lineamientos para la administración de recursos y el replanteamiento de la estructura de defensa judicial al interior de las entidades”.
Los organismos de control han advertido de las demandas en contra de las entidades del Estado que podrían poner en peligro las finanzas públicas, si en un caso extremo los fallos fueran adversos a los intereses estatales.
PIDEN AL GOBIERNO CONVOCAR CONCERTACIÓN PARA REFORMA PENSIONAL
Advierten que para evitar nuevos líos frente a un eventual proyecto, los trabajadores, los empresarios y los académicos deben participar en la elaboración de la iniciativa.
Juan Lozano llamó a que se acuerde el proyecto de reforma pensional.
Tema de pensiones abre fisuras en el Gobierno del Presidente Santos
Desde de la mesa de unidad nacional han pedido al Gobierno de Juan Manuel Santos que convoque una mesa de concertación frente a una eventual reforma pensional para elevar la edad de jubilación.
Ante los posibles líos y fisuras que esa iniciativa podría suscitar en la bancada santistas –como sucedió públicamente entre el vicepresidente Garzón y el ministro Echeverry– en el Partido de La U piden que el Ejecutivo convoque a que se acuerde el proyecto.
El presidente de ese partido, senador Juan Lozano, dijo que “debe abrir el Gobierno una mesa en la que participen las fuerzas sociales, los trabajadores, los empresarios y los académicos”.
El legislador consideró que se debe empezar la discusión a partir de ahí pues ese proceso no puede sobrevenir como se pretendía en el Plan Nacional de Desarrollo.
El Gobierno pretendía que la edad de jubilación fuera hasta los 65 para hombres y 62 mujeres, afectando sólo a las nuevas personas que ingresen al sistema pensional.
La actual preocupación del Gobierno es por las nuevas generaciones pues como está ahora el sistema es “insostenible”.
El presidente Juan Manuel Santos explicó que esa “es una propuesta de responsabilidad con las generaciones futuras, es una propuesta para que la discutamos todos, porque uno de los deberes de cualquier gobernante es prevenir hacia el futuro desastres”.
SE REGISTRA PRIMER ENFRENTAMIENTO DEL GOBIERNO SANTOS CON LAS CORTES
El ministro Germán Vargas Lleras instó al presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a que lo denuncie si tiene pruebas sobre “desprestigio a la rama Judicial”.
La primera discusión entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Altas Cortes se abrió este viernes.
Al conocer que de las 11 mil quejas interpuestas por el Gobierno en contra de jueces han "resultado infundadas", según el presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Henry Villarraga; el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, instó al magistrado a que lo denuncie ante las autoridades si tiene pruebas de estar desprestigiando y estigmatizando a los jueces del país.
“Yo le solicito al magistrado que me denuncie. Que si tiene algún cargo contra mí lo formule ante las autoridades y no me amenace públicamente porque yo no he sido más que absolutamente respetuoso con los jueces”, aseguró Vargas.
Según él, si el magistrado dice que este gobierno ha estado denunciando a los juristas “que lo demuestre”.
“No se ha presentado ninguna denuncia en contra de ningún juez de la República, yo creo que está generalizando, si tiene alguna prueba que proceda a denunciarme, porque no es así”, aseveró el ministro Vargas Lleras.
El alto funcionario reiteró que la política del Gobierno Nacional es “respetar y acatar las decisiones judiciales”.
“Desde que llegamos al Ministerio del Interior el Gobierno no he hecho más que respetar, acatar las decisiones judiciales, jamás me he referido a un juez en concreto y todo el esfuerzo se ha orientado a acatar a plenitud las decisiones judiciales, a no controvertirlas, a cumplirlas. La política del Gobierno es de autonomía, de independencia, de respeto, de consideración, y así lo hemos venido demostrando desde el 7 de agosto”, afirmó.
NO SE HA AUTORIZADO DENUNCIAR A VARGAS LLERAS: JUDICATURA
El magistrado Angelino Lizcano dice que tampoco hay aval para inteponer queja disciplinaria contra el exministro Valencia Cossio.
Se registra primer enfrentamiento del Gobierno Santos con las Cortes
No ha habido ninguna aprobación para denunciar disciplinariamente al ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, ni a su antecesor Fabio Valencia Cossio por las quejas que interpuso el Gobierno contra más de 11 mil jueces sindicados de conceder irregularmente detenciones domiciliarias.
Durante la administración Uribe se presentó la queja por parte del Ejecutivo, ante lo que consideraba estaba generando la salida de prisión de reos de alta peligrosidad y otros detenidos que no acumulaban los requisitos para recibir beneficios tales como la manilla electrónica, que se permite cuando el sancionado penalmente se hace merecedor a una detención domiciliaria.
Varios de los casos denunciados por el Gobierno saliente que, según la Judicatura, fueron respaldados por la actual administración, terminaron siendo archivados, debido a que las quejas carecían de fundamento, toda vez que las concesiones de los jueces se dieron con apego a las normas vigentes y sin que hubiera mediado irregularidad.
El magistrado Lizcano indicó que la colegiatura a su cargo nunca ha estado buscando suscitar discusiones sino defender el imperio de la Ley y actuar bajo la tutela de sus competencias.
“Esto no se trata de incitar a discusiones, nosotros somos respetuosos de las posturas de cada Rama del Poder Público y nos asiste el compromiso de trabajar por la autonomía de la Justicia, luego estaremos prestos a realizar las investigaciones que sean necesarias dentro del imperio de la ley para determinar si hay o no culpabilidad en algunos funcionarios de la Rama Judicial ”, precisó el alto jurista.
DESAPARECIDOS DE PALACIO PUDIERON MORIR CALCINADOS: DEFENSA DE GENERAL (R) RAMÍREZ
Denunció numerosas irregularidades en el levantamiento de cadáveres; muchos no fueron identificados y ahí, dice, radica el rechazo a la tesis de los desaparecidos.
John Fernando Vásquez, abogado del general (r) Iván Ramírez, concluyó que debido a las irregularidades que se dieron en el levantameniento de los cadáveres de la toma del Palacio de Justicia y frente a la imposibilidad de identificar a varias de las víctimas, resulta ilógico descartar que las personas que figuran como desaparecidas no hayan muerto calcinados.
Dice que son claras las evidencias de la posible manipulación de la escena del crimen, toda vez que muchos de los restos de las víctimas estaban mezcladas entre sí e incluso varias no fueron identificadas.
Vásquez mencionó el caso del magistrado auxiliar Emiro Umbreto Sandoval, cuya identificación derivó de una determinación del director de Medicina Legal de la época Egón Lichtenberger, pese a que el informe inicial señalaba la existencia de la parte superior de un cuerpo calcinado sobre el de otro cadáver.
Agregó que un caso emblemático de la manera poco controlada como se dio el proceso de identificación y entrega de los cuerpos sin vida es el de Lucy Amparo Oviedo, pues, degún él, su familiar Jairo Arias Méndez había denunciado que un funcionario del instituto forense le había sugerido llevarse culaquier otro cadáver, ya que no encontraban el de su ser querido.
El abogado añadió que según declaraciones de empleados de Serviaseo, fueron encontradas partes de cráneos, dedos humanos y otros restos carbonizados que terminaron en la basura y que no fueron objeto de verificación técnica ni científica por parte de las autoridades.
Dijo que no fue juicioso el cumplimiento de los protocolos de necropsia, incluso que muchos de los cuerpos fueron identificados, simplemente, porque allegados a la víctima concluyeron que su contextura física se asemejaba a la de su ser querido, como en el caso del magistrado Miguel Darío Vásquez, reconocido por su amigo Jaime Córdoba Triviño, quien luego sería presidente de la Corte Constitucional.
Precisó 37 y no 24, como seguraba la Fiscalía, fueron los cadáveres del Palacio enterrados en fosas comunes, 13 de los cuales ya fueron identificados; Vásquez denunció que el testigo Farncisco Ospina Díaz admitió no haber podido cumplir la orden de llevar a la fosa común uno de los cuerpos, debido a que éste desapareció de la morgue, lo que refuerza la impresión en torno al deficitario proceso de inhumación que, insiste, es la calve para tener la casi ceterza de que quienes figuran en la lista de desaparecidos, en realidad murieron quemados.
El jurista asegura que las imágenes en las que varios familiares de esas personas dicen haber reconocido a sus seres queridos abandonado el Palacio con vida, y escoltados por la Fuerza Pública, no ofrecen ninguna certeza de que sean precisamente ellas, y de allí que considere débil la tesis entorno a las desapariciones.
Vásquez ha manifestado que esos rehenes debieron morir calcinados en el cuarto piso y que incluso hay rehenes que fueron rescatados por las Fuerzas del Orden y que dicen ser las personas en las cuales los familiares de las víctimas dicen reconocer a sus seres queridos.
La Procuraduría, por su parte, aunque admite la ocurrencia del delito, por lo menos en ocho de los casos, considera que no hay ningún elemento que lleve a concluir que Ramírez o los oficiales (r) Fernando Blanco y Óscar Wiliam Vásquez tienen responsabilidad en el hecho.
El mismo oficial (r), quien dirigía el Comando de Inteligencia y Contra Inteligencia, Coici, para la época de los hechos, con lágrimas en los ojos, se declaró víctima de algunas versiones de prensa, de la Fiscalía y de los abogados de la parte civil, al argumentar el por qué debe ser absuelto por parte de la juez 51 penal del Circuito de Bogotá, Cristina Trejos, a cargo del proceso.
Ramírez cuestionó además las declaraciones de los estudiantes Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, quienes dijeron haber sido conducidos a la sede del Coici, en el barrio San Cristóbal de Bogotá, donde habrían sido sometidos a torturas y vejaciones.
También pidió que se investigue por falso testimonio a su ex subalterno Marlio Quintero Pastrana, un taxista al servicio de ese organismo de inteligencia, que aseguró que eran frecuentes los interrogatorios con torturas que se practicaban en esa unidad militar y dijo que otro de los acusados, el mayor (r) Óscar William Vásquez, lo había estado intimidando para que no declarara en su contra, indicando que lo creía capaz de ordenar su asesinato.
EL NUEVO SIGLO
CONGRESO SIGUE CON PLAN DE DESARROLLO Y EMERGENCIA
Legisladores continúan el proceso de socialización y análisis de ambas iniciativas que motivaron la convocatoria a sesiones extras
CON UNA nueva reunión de la Comisión Accidental de Emergencia Económica, Social y Ambiental, el Senado continuará con la socialización de los decretos de emergencia social
Al encuentro asistirán los presidentes del Senado, Armando Benedetti, y de la comisión, Juan Lozano, ambos del Partido Social de Unidad Nacional (La U), así como los legisladores Gilma Jiménez, del Partido Verde; Antonio José Correa, del Partido de Integración Nacional (PIN); Carlos Ramiro Chavarrro, José Darío Salazar y Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador; Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y Rodrigo Villalba del Partido Liberal; Carlos Baena, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira); José Francisco Herrera, de Cambio Radical; Marco Aníbal Avirama, de la Alianza Social Indígena (ASI); y Germán Carlosama, de movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico).
El jueves pasado, durante la reunión de las comisiones de Senado y Cámara, Lozano manifestó que “lo que estamos pidiendo es vigilancia y control para que no se roben la plata de la emergencia”.
Según el senador Lozano, se debe combatir el tráfico político y prender todas las alarmas para evitar la desviación de los recursos para la emergencia: “La historia de las emergencias en Colombia tiene mucho avivato rondando, tiene mucho pícaro rondando, tiene mucho abusivo rondando. Es una crueldad, que debería tener además agravantes penales para aquellos que desvíen o utilicen con fines políticos las ayudas destinadas a las personas que no tienen con qué comer”.
Lozano señaló que a partir de esta emergencia hay que reubicar a muchas familias colombianas y que por esto se necesita la efectividad de las normas.
“Para que podamos construirle techo digno, techo seguro a los colombianos que estaban en las zonas de riesgo y sigan condenadas a vivir en los peladeros, en las zonas de deslizamiento y en las zonas inundables”, dijo.
Como presidente del partido de La U, Lozano expresó su apoya a todas las medidas que se tomen para “procesar a quienes quieran que encuentren en el futuro haciendo proselitismo o desviando o lucrándose con los recursos de la emergencia”.
A la reunión, realizada en el recinto en que habitualmente sesiona la comisión primera de la Cámara, asistieron los senadores y representantes de la comisión accidental conjunta, así como el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas; Jorge Londoño, designado por el Gobierno para liderar la atención de la emergencia invernal; Everardo Murillo, gerente del Fondo Nacional de Calamidades y miembros de la Federación Nacional de Municipios y de Departamentos.
Durante todos estos días de trabajo, los miembros de la comisión de la Cámara se han declarado insatisfechos con las explicaciones del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, en especial sobre la venta parcial de acciones de empresa Ecopetrol.
Por ejemplo, la representante santandereana Lina María Barrera, del Partido Conservador, dijo que el Ministro fue ambiguo y en nada preciso en sus explicaciones, pues de un lado dijo que mantendrá el decreto de emergencia, pero de otro sostuvo que continuará un proyecto de ley que cursa en el Congreso.
Barrera manifestó que previendo la caída del decreto en la Corte Constitucional, porque no es consistente, el Echeverry ya tiene un plan B que es continuar el trámite en el Congreso, y eso no es bueno por la indefinición en el tema.
El representante vallecaucano Wilson Arias, del Polo Democrático, expresó que sencillamente el Gobierno está jugando a dos bandas, sino es un una es otra o las dos, pero quiere tapar las marrullas que ha hecho con la emergencia económica, que acaba con el estado descentralizado y concentra el poder económico y decisorio en el alto Gobierno.
CARACOL RADIO
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA SOBRE LA DOSIS PERSONAL
La Corte Suprema, cuando estuvo vigente la despenalización de la dosis personal, dijo que “llevar consigo” esta dosis de aprovisionamiento de estupefacientes no es penalizable.
Señala la Corte que el consumo de dosis minima o autoconsumo se constituye en un comportamiento autodestructivo o de autolesión el cual incumbe a los ámbitos de la libertad personal y no es punible.
Explica la Corte “que el consumo de marihuana y sustancias estupefacientes genera en la persona problemas de adicción y esclavitud que lo conveniente en un enfermo compulsivo merecedor de recibir tratamientos médicos terapéuticos antes que un castigo, pena o reducción a un establecimiento carcelario.
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia sentenció que no se puede aceptar la confesión de un consumidor de estupefacientes para poder condenarlo por llevar consigo su dosis personal.
Los hechos están relacionados con un operativo de la Policía Nacional en la que fue detenido un hombre con 1.3 gramos de cocaína.
“No le incumbe al derecho penal este tipo de casos pues se trata de un comportamiento que corresponde al exclusivo ámbito de su libertad, efecto con el que se hace realidad el principio de intervención minima”, señala la sentencia.
Frente a este hecho la Corte considera que “se trata de un porte de sustancia estupefaciente en pequeña cantidad, la cual de manera escasa sobrepaso la denominada máxima presuntiva”
Por esta situación la Corte Suprema ordena la cancelación inmediata de la orden de captura en contra del sindicado y absolverlo por el porte de sustancia estupefaciente.
Dice además que no existe prueba que el propósito del aquí procesado fuera el de comerciar con este “gramo largo” y obtener lucro.
En el caso concreto dice la Corte “en el ejercicio de sus personales e íntimos derechos el acusado no afecto lo ajenos, no produjo daño ni peligro de menoscabo al bien jurídico de la salud publica, es dable concluir que el comportamiento hecho no va en contra vía de la ley, en consecuencia no puede ser objeto de ninguna sanción por que al no presentarse la categoría jurídica de la antijuricidad, es imposible predicar la configuración de la conducta punible”.
La sentencia señala que los “consumidores hormiga” sorprendidos llevando consigo marihuana, cocaína o cualquier otra droga “lo que pone de presente es un comportamiento auto destructivo o de auto – lesión el cual incumbe los ámbitos exclusivos de la libertad de esa persona, es decir, a un fenómeno singular carente de antijuricidad materia y que, por ende, no es punible.
“Es un fenómeno social incontrastable que el consumo de marihuana y sustancias estupefaciente genera en la persona problemas de adicción y esclavitud que lo convierten en un enfermo compulsivo merecedor de recibir tratamientos médicos terapéuticos antes que un castigo, pena o reducción a un establecimiento carcelario” dice la sentencia
Aclara la Corte que cada caso se debe someter a una valoración de manera singular como se hizo en este caso.
REVISTA SEMANA
UN ARTICULITO
Por Antonio Caballero
No solo excluye a los abstencionistas, en un sistema en el que la abstención es un derecho, sino a la oposición.
Sábado 12 Febrero 2011Nadie sabe quién introdujo en la Reforma Política aprobada por el Congreso a finales del años la "depuración" del censo electoral, que elimina de un tajo a quince millones de votantes potenciales: los abstencionistas. El registrador Carlos Ariel Sánchez (en entrevista con Cecilia Orozco en El Espectador) llama al artículo de la ley que la consagra "artículo canguro": uno que apareció de un salto en la votación final sin haber sido discutido en las etapas intermedias. Tiene, pues, vicios de forma. Pero ¿qué no los tiene, en este país de juristas? Tiene también un vicio de fondo: es antidemocrático. Priva de sus derechos ciudadanos a la mitad de los ciudadanos, con el pretexto de que no votaron en las últimas elecciones presidenciales.
Los argumentos de sus defensores son falaces. Que así disminuirá la abstención, lo cual es -como dice el registrador- "una ficción numérica": la abstención no se registrará, que es otra cosa. Que se ahorrarán costos electorales: no se ve muy bien por qué va a salir más barato recoger y contar uno o dos millones de votos de menos o de más. Dicen que, en todo caso, para poder votar basta con volver a registrarse. Pero el registrador advierte que su despacho no tiene capacidad ni tiempo ni recursos para registrar quince millones de cédulas: quedarían por fuera nueve millones (curiosamente, la misma cifra de que se hablaba hace tres semanas, cuando escribí aquí una columna que de pasada tocaba el tema). Por su parte el ministro del Interior, Germán Vargas, dice que no hay por qué preocuparse puesto que el plazo de inscripción se ampliará hasta un año. Otra falacia, puesto que las próximas elecciones son dentro de nueve meses.
Por lo demás, la Ley 190 -la de la reforma política- está bajo examen de la Corte, la cual, probablemente, tendrá que declararla inconstitucional, por antidemocrática. Cuánto tiempo se pierde en este país de juristas en votar y revocar leyes anticonstitucionales.
Y es que el artículo 47 de tal ley, el que en teoría "depura" el censo, no lo purifica, sino que por el contrario lo corrompe. No solo excluye a los abstencionistas -en un sistema en el que la abstención es un derecho, como la participación-, sino que más explícitamente aun excluye a la oposición. Nos excluye a todos los que en la última ronda electoral no votamos porque no nos dio la gana escoger entre Santos y Mockus, y también a los que no lo hicieron porque así se lo pidió su partido, el Polo Democrático Alternativo. Que es, tal vez no sobra recordarlo, el único partido de oposición que existe en Colombia. Se trata de una maniobra para que los partidos oficialistas, el PIN, La U los conservadores, los verdes, los liberales, los cristianos, se desembaracen de la incomodidad de tener que competir con los votantes del Polo, que por dos veces consecutivas han ganado -es un ejemplo- nada menos que la Alcaldía de Bogotá (que no la hayan sabido manejar es otra cosa). Y se trata también de una maniobra para reducir el número de votos necesarios para aprobar referendos, en el caso -es otro ejemplo- de que a los uribistas del Congreso les dé por organizar otro.
Al principio señalé que, evidentemente, el articulito de ley de que hablo tiene en su origen vicios de forma: empezó por el final, llegando a la aprobación sin haber pasado por el trámite obligatorio de la discusión en las comisiones del Congreso y en las sesiones plenarias. Recuerda, en lo frívolo, a aquella mujer que hace unos años ganó la maratón de Nueva Cork mediante el simple procedimiento de hacer el trayecto en metro. Y recuerda también, en lo trágico, los años de las dictaduras conservadoras. Esos años en que a los liberales se les quitaba la cédula a la fuerza para que no pudieran votar, porque el jefe del conservatismo Laureano Gómez aseguraba virtuosamente que había un millón doscientas mil cédulas falsas heredadas de los fraudes electorales de la república liberal.
Ya dije que no se sabe a ciencia cierta quién introdujo en la Ley 190 el articulito 47. El ponente de la reforma política, el senador de La U Roy Barreras, lo presentó dentro del texto como si hubiera cumplido los necesarios trámites. Pero se cuenta que su padre intelectual es el eximio jurista y exministro Jaime Castro. Debería darle vergüenza.